Comunicado conjunto Adenex-Ecologista en Acción sobre Valdecañas. Ni empleo, ni mejora ambiental ni imposibilidad legal.

18 de junio de 2014 13 de las 14 especies de avifauna más importantes del espacio protegido han disminuido sus poblaciones. Cada empleo generado ha costado 1,8 millones de inversión.
VALDECAÑAS: NI EMPLEO,  NI MEJORA AMBIENTAL, NI IMPOSIBILIDAD LEGAL
Ecologistas en Acción y Adenex responden con argumentos contundentes la supuesta imposibilidad de demolición del complejo que alega la Junta de Extremadura, basada en razonamientos sin rigor La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, refrendada por el Supremo, sobre la urbanización Marina de Valdecañas debe cumplirse. Ecologistas en Acción y Adenex han presentado escritos avalados por estudios que desmienten los argumentos de la Junta de Extremadura para evitar la demolición y restitución de terrenos en el espacio protegido. El complejo de lujo no ha generado empleo de forma significativa y el impacto de la construcción en la avifauna ha sido dramático. La demolición no costaría la cantidad astronómica calculada por el gobierno autonómico.
El Gobierno de Extremadura aprobó en 2007 el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, recalificando unos terrenos protegidos para construir un complejo turístico de lujo. El proyecto fue recurrido por Ecologistas en Acción y Adenex ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que les dio la razón. El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo refrendó el fallo, declarando la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior. La Junta de Extremadura en lugar de cumplir la sentencia alegó que existía una imposibilidad legal, por la normativa aprobada con posterioridad a las sentencias. Aseguró también que existía una imposibilidad material, por los gastos económicos y porque los impactos ambientales serían mayores al demoler lo construido. Los argumentos de la Junta carecen de rigor, como demuestran las organizaciones ecologistas en el escrito remitido esta semana. Desmontan, en la extensa documentación presentada, los argumentos de la Junta para evitar la demolición y restitución de terrenos. - La Junta argumentó que la demolición acabaría con la generación de empleo promovida por la urbanización. Pero los datos son demoledores en sentido contrario: la creación de puestos de trabajo ha sido mínima y a un coste insostenible.
Un informe pericial elaborado por el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, Manuel Delgado, y otros expertos, concluye que el empleo generado ha sido a costa de inversiones disparatadas. Al menos, 1,8 millones euros de inversión por empleo generado.  Estos puestos de trabajo adolecen de una altísima temporalidad, es decir, son de corta duración.
Por otro lado, en la comarca se ha registrado un incremento del desempleo del 23,7% a pesar de la ejecución de esta urbanización ilegal. En los pueblos más próximos a Marina de Valdecañas la situación es bastante peor, pues los demandantes de empleo (paro registrado) han aumentado entre 2007 y 2014 en la localidad de El Berrocalejo un 1.200% y en El Gordo un 137%. - La Junta aseguró que el coste de la demolición ascendería a 34 millones de euros. Pero incluyó en este presupuesto tareas innecesarias y poco justificables como el desmantelamiento de la estación depuradora y el desbroce y tala de toda la superficie vegetal. Solo este arranque de vegetación supone un gasto de 14 millones de euros, algo a todas luces innecesario y contraproducente puesto que en gran parte se trata de especies autóctonas, que deberían permanecer en la isla recuperada. - La Junta argumentó que algunas especies de aves habían mejorado sus efectivos después de la urbanización. Pero los estudios presentados por las organizaciones ecologistas demuestran  que 13 de las 14 especies de avifauna más importantes de la ZEPA han disminuido sus poblaciones, en algunos casos de forma dramática. Tal es el caso de los tres patos más representativos de Valdecañas en invierno, el silbón europeo, el ánade friso y el azulón, que entre 2003-2005 y 2012-2014 han dividido sus poblaciones por 13, 116 y 11, respectivamente. - La Junta asegura que no puede ir contra su propia normativa. Pero los cambios normativos efectuados “a la carta” para tratar de legalizar el proyecto a posteriori no son admisibles en un Estado de Derecho. Menos aun cuando los contenidos de dichas modificaciones legales vulneran normativas de mayor rango. - La Junta afirma que la urbanización de la isla de Valdecañas ha mejorado sus valores ambientales y los del conjunto de la ZEPA (zona de especial protección para las aves) y asegura que la emisión de CO2 por la demolición será muy grande. Pero la propia capacidad de absorción de CO2 de un ecosistema como el de la Isla de Valdecañas permitiría neutralizar estas emisiones en poco más de un año una vez restaurada adecuadamente la zona. La Junta nunca se preocupó de cuantificar las emisiones provocadas por de la construcción del complejo. En definitiva, para Ecologistas en Acción y Adenex, ni son ciertos los beneficios que se ensalzan ni desde luego será perjudicial para el medio ambiente la demolición de lo construido de forma ilegal para favorecer a intereses y beneficios particulares. Por ello, ambas organizaciones exigirán a la Junta que cumpla la ley y que ejecute la sentencia sin buscar más pretextos y falsos argumentos para confundir a la opinión pública.
 
Más información: Rueda de prensa en https://www.youtube.com/watch?v=meAqoeve_Ic
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