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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de ADENEX contra la desprotección del Silo de Mérida efectuada por parte de la Junta de Extremadura. Esta admisión a trámite por parte del TSJEx es un paso inicial que aún no entra a valorar el fondo de la cuestión y da a la Junta de Extremadura un plazo de veinte días para que aporte al tribunal el expediente completo.

Declaración de BIC
El 2 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura la Resolución de la Secretaría General de Cultura, por la que se incoaba, a petición del Ayuntamiento de Mérida, expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural a favor del Silo de Mérida, en la categoría de Monumento. En esa resolución los informes de los servicios técnicos de la Consejería de Cultura establecían que el “Silo de Mérida” es un edificio relevante cuyos valores justifican la incoación de expediente para su declaración. El Silo es un elemento fundamental del patrimonio de la localidad de Mérida y referente único de este tipo de edificios en Extremadura.

Esta declaración como BIC recibió los informes favorables de la Universidad de Extremadura, de la Real Academia de Extremadura y de la Comisión Provincial de Patrimonio de Badajoz. En el periodo de información pública ADENEX presentó alegaciones para consolidar y asegurar la protección del Silo y de los elementos mecánicos del mismo. También presentaron alegaciones otras instituciones, como el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo de la administración central propietario del edifico, y empresas como Gameroil.

Revocación de la declaración
A partir de las alegaciones presentadas por el FEGA la Abogacía General de la Junta de Extremadura emitió un informe contrario a la protección del Silo como BIC al considerar que “atentaría contra los principios de coordinación, colaboración, y eficiencia en la gestión de los recursos públicos entre las diferentes administraciones, principios que la administración autonómica respeta lo que implicaría la nulidad de lo actuado”. Con este único argumento la Consejera de Cultura acordó revocar y dejar sin efecto el Acuerdo de incoación como Bien de Interés Cultural del Silo de Mérida el 27 de julio de 2018 (DOE de 28 de agosto de 2018).
Recursos de reposición de ADENEX.


Contra esta revocación, ADENEX y otras asociaciones, como Amigos de Mérida, presentaron sendos recursos de reposición ante la Consejera de Cultura. En el recurso de ADENEX esta asociación consideraba que la Consejería estaba actuando con opacidad y falta de transparencia, y que la pretendida falta de coordinación entre las administraciones no podía ir en detrimento de la protección del edificio del Silo cuyos valores arquitectónicos, patrimoniales e históricos invocados en la declaración inicial de BIC seguían vigentes y eran reconocidos por todos las instituciones consultadas.

Esta asociación temía que detrás del cambio de opinión de la Consejería hubiese en realidad un interés económico: permitir la venta de un edificio singular público a una empresa privada, consintiendo su transformación radical para que el edificio pudiese acoger una actividad económica aún no definida (hostelería, residencial, etc.).

En mayo de 2019 la Secretaría General de la Consejería de Cultura rechazó los recursos de reposición interpuestos y en su resolución desestimatoria confirmaba los temores de ADENEX y otros recurrentes: Cultura afirmaba que proteger al Silo como BIC impedía su transformación para otros usos incluyendo los que pudiesen realizar promotores privados.
Recurso contencioso-administrativo.

ADENEX considera que la administración en ningún caso debe tener como fin último la obtención de beneficios económicos si no que, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura, las administraciones deben tener como principios rectores entre otros la conservación del patrimonio histórico y cultural. Sobre todo y especialmente si esa administración es la Consejería de Cultura, máxima responsable de velar por esa conservación del patrimonio cultural.

Ante esta situación ADENEX presentó a comienzos de septiembre pasado un escrito ante el TSJEx en el que se notificaba la interposición del recurso contencioso-administrativo. Hace unos días esta asociación ha recibido notificación de la admisión de dicho recurso. En el decreto de admisión se da a la Junta de Extremadura 20 días para que presente el expediente completo de este caso.

Desde ADENEX se ha notificado al FEGA la admisión del recurso para que sea tenido en cuenta en cualquier proceso de venta del edificio.

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La Delegación de Badajoz de ADENEX participó en la recogida de Bellotas que se organizó dentro de la iniciativa La Gran Bellotada Ibérica (http://lagranbellotadaiberica.org/) en el Parque de Tres Arroyos de Badajoz.

El objetivo de esta iniciativa es sembrar 25 millones de bellotas, previamente recolectadas por todas las personas y colectivos que quieran unirse. Un gran reto colectivo para afrontar la actual crisis climática y frenar la desertificación apoyando la recuperación de nuestros bosques.

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LAS ONG DENUNCIAN PÚBLICAMENTE LOS DAÑOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR EL BOCHORNOSO ESPECTÁCULO DE LUCES Y FUEGOS ARTIFICIALES CELEBRADO EN LA GARGANTA DE LOS INFIERNOS

La Coordinadora de ONG´s Ambientales de Extremadura integrada por ADENEX, AMUS, ANSER, DEMA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EXTREMADURA, ECOLOGISTAS EXTREMADURA, FUNDACIÓN GLOBAL NATURE, GRUS EXTREMADURA, SEO/BIRDLIFE EXTREMADURA y SOCIEDAD EXTREMEÑA DE ZOOLOGÍA se muestran indignadas por el espectáculo de luces, megafonía y pirotecnia montado en el corazón de la propia Rerserva Natural de la Garganta de los Infiernos, como parte de los actos de celebración de su XXV Aniversario.

En la celebración del XXV Aniversario de la declaración de la Reserva Natural la Garganta de los Infiernos, se realizaron varios actos conmemorativos completamente normales. Sin embargo, otra parte de las celebraciones ha sido diseñada y ejecutada como una verdadera agresión a los valores que precisamente representa la única reserva natural que existe hasta la fecha en Extremadura.

Nos referimos concretamente al espectáculo de luces y pirotecnia que tuvo lugar en el paraje llamado “Los pilones”, la zona más representativa y singular de esta Reserva Natural, donde el agua de la Garganta de los Infiernos ha labrado una sucesión de pilones o marmitas gigantes excavadas en la piedra por la erosión fluvial, en lo que constituye uno de los ejemplos más bellos de toda España de este fenómeno erosivo. Sin embargo, la noche del pasado sábado 26 de octubre, los organizadores del evento que celebraba la protección de este entorno natural, decidieron llenar todo de luces, música con megafonía a todo volumen y chorros de chispas pirotécnicas distribuidas por las orillas y promontorios del entorno. Al final se trata de una agresión más sobre una zona a la que los gestores del espacio protegido y los ayuntamientos del entono están acostumbrados a considerar más como un parque de atracciones que como una verdadera reserva natural. Hay que recordar que “Los Pilones” constituyen en verano una zona de baño de libre acceso, sin restricciones, que precisamente hemos trasladado en innumerables ocasiones que sobrepasó la capacidad razonable de visitas hace años, siendo este un espacio natural muy frágil. Por no hablar de otros problemas que afronta esta Reserva Natural, como la caza en sus terrenos, con celebración incluso de monterías y rehalas de perros, que ponen en verdadero peligro a los senderistas que decidan visitarla en invierno, o los repetidos incendios provocados (ya van dos) en sus zonas más altas.

El resultado de esta controvertida gestión del espacio natural protegido ha sido su abandono por parte de varias de las especies más emblemáticas que lo habitaban. Según los datos disponibles, no queda en la Reserva ni en sus inmediaciones ninguna de las parejas de cigüeña negra y alimoche que existían en el momento de su declaración hace 25 años.

Llama la atención que las ONG´S conservacionistas regionales recibieron una placa conmemorativa durante el acto de celebración en la misma mañana del sábado 26 de octubre en el Albergue Juvenil Emperador Carlos V del Jerte junto con el resto de partes implicadas en la constitución de esta Reserva Natural. Agradecemos el gesto, pero entendemos que no sirve de nada premiar a la sociedad civil, a las administraciones locales y a diferentes organismos por constituir algo que debiera ser un modelo de gestión en conservación en el contexto Del Valle del Jerte y, por desgracia no solo no lo es, sino que puede considerarse como un verdadero ejemplo de mala gestión y de nula sensibilidad ambiental entre los responsables de todas las administraciones implicadas en dicha gestión, acostumbradas a no escuchar e incluso, menospreciar las recomendaciones de las ONGs ambientales.

Según la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura las Reservas Naturales son espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección de los ecosistemas o sus ciclos y procesos ecológicos, de las comunidades o de los elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial.

La Garganta de los Infiernos fue declarada en 1994 como Reserva Natural, y es la única existente en la actualidad en la Red de Espacios Protegidos de Extremadura. La reserva natural de la Garganta de los Infiernos forma parte del Zona de Especial Conservación (ZEC) denominado “Sierra de Gredos y Valle del Jerte”, con más de 74.000 ha. de superficie, que incluye todo el macizo de Gredos y sus principales valles.

Aprovechamos este comunicado para exigir a la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura que depure responsabilidades sobre los hechos acaecidos durante esta celebración y que invierta en un verdadero plan de gestión en conservación y en una estrategia de educación ambiental que promueva los valores naturales de esta reserva, proponiendo en vista de lo acontecido, un curso intensivo de ecología y sensibilización ambiental para los técnicos y responsables políticos de los ayuntamientos del entorno, de la Diputación Provincial y de la propia Dirección General de Transición.

No sabemos exactamente de donde proceden los fondos para la realización de este acto, pero resulta desconcertante que se destine dinero público a este tipo de “performance antinatural” cuando se supone que “no hay dinero para tareas de conservación y educación ambiental en la región”.

Los espacios protegidos deben mantener un equilibrio entre protección, conservación, usos tradicionales y aprovechamiento económico. No pretendemos que la región se convierta en un territorio “no apto para el ser humano” de lo que nos tacha más de uno, pero tenemos que entender que somos una pequeña parte de este gran Ecosistema y si no actuamos de manera coherente y no respetamos nuestro entorno, esto tendrá graves consecuencias futuras.

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La Delegación de Badajoz de ADENEX participó en el Quorum Global Extremadura, celebrado el 26 de octubre 2019 en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Se debatieron temas tan interesantes como: economía alternativa, sostenibilidad, educación transformadora, movilidad humana, feminismos, derechos humanos,..., magníficamente desarrollados por los/as ponentes: Helena Maleno (en vídeo conferencia desde Tánger), Gustavo Duch y Astrig Agengo.

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Valdecañas, una prueba de madurez democrática
Desde el movimiento ecologista seguimos afirmando que hay que cumplir la ley y ejecutar las sentencias
 
ADENEX y Ecologistas en Acción fueron las asociaciones que nada más anunciarse en 2005 la solicitud formal de la construcción de una ciudad privada en la zona ZEPA y LIC de Valdecañas, integradas en la Red Natura 2000, mediante la aprobación del PIR (Proyecto de Interés Regional) Marina Isla de Valdecañas, cuestionaron y denunciaron tal figura urbanística. Pronto supimos que se trataba de un primer prototipo para otras actuaciones similares en el resto de embalses de la comunidad autónoma. Suponía un grave riesgo para la conservación de nuestros espacios naturales pues permitía urbanizar espacios no urbanos especialmente protegidos.
 
Iniciamos entonces conversaciones con las poblaciones afectadas por el proyecto y con los técnicos de la Junta de Extremadura promoviendo alternativas dirigidas a un modelo sostenible de turismo, endógeno y participado por el tejido productivo y social de la zona. Buscando además otras ubicaciones de verdad impulsoras para que El Gordo y Berrocalejo ganarán en población y actividades de futuro propias y sostenibles y que no supusieran la urbanización de un área protegida.
 
Pero la presión de la empresa promotora fue imparable y el apoyo del Presidente de la Junta de Extremadura avaló su continuidad, reclasificando los terrenos. Los ayuntamientos concernidos no tenían más que seguir el dictado institucional con la promesa de un “maná” deslumbrante, sin importar que se incumpliera la ley. 
 
Una ciudad de lujo, viviendas de alto coste, una playa, un puerto, varios hoteles, centros de investigación médica y un campo de golf fueron el anzuelo para la denominada Marina isla de Valdecañas. S.A., un pretendido complejo turístico de salud, paisajístico y de servicios y que, como señaló posteriormente el propio TSJ de Extremadura, no era nada más que un resort urbanístico de lujo que lejos de tener un interés general acreditado para Extremadura solo respondía a los intereses económicos del propio promotor. Es más, las instalaciones como el centro de convenciones o el de investigación médica que sirvieron para justificar la utilidad pública del proyecto han sido transformadas para convertirse en más apartamentos.
 
De esta manera en 2007 se publica un Decreto que permite esa ubicación apoyándose en una supuesta situación de emergencia y urgente necesidad –poder instalar personas mayores como objetivo prioritario y por tanto mixto en dicho complejo–. Así la Junta de Extremadura aprueba definitivamente el PIR para que la empresa promotora construya el paraíso prometido.
 
Diferentes recursos, denuncias, alegaciones, quejas a la Comisión Europea así como al Parlamento Europeo, además de diversas protestas y manifestaciones, lograron varias sentencias, demostrado, de forma persistente y sin fisuras que la Junta incumplió una y otra vez la legislación vigente en materia urbanística y de protección del medioambiente.
Primero, en marzo de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declara la anulación del decreto de ciudades mixtas por ir en contra de la ley del suelo en vigor de Extremadura, en cuanto a no contemplar que ese tipo de desarrollos turísticos fueran objeto de Interés General.
 
Segundo, en marzo de 2011, el mismo tribunal estima nulo el decreto de aprobación del PIR. El propio Parlamento autonómico acababa de modificar la ley del suelo a fin de permitir construcciones en zonas de la red Natura y facilitarlas en los propios Planes Urbanos de Berrocalejo y El Gordo.
Y por si todo esto no fuera suficiente, en enero de 2014 el Tribunal Supremo confirmaba definitivamente la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
 
Ante esta sentencia en firme, la Junta de Extremadura, temiendo la repercusión de su responsabilidad política en todo el procedimiento, solicita que no se ejecute. ¿Con qué argumentos? Pues no económicos, que han decaído –a falta de ofrecer una cifra de coste real contrastada–,  ni tampoco con el de la pérdida de empleo en la zona –a falta de ofrecer la riqueza aportada, donde por ejemplo Berrocalejo solo tiene un empleo en el Complejo y nadie sabe en qué se invirtieron los impuestos de la obra–. Muchos años después de construirse la urbanización, los efectos económicos de revitalización de la comarca que se señalaban para justificar el proyecto no se han producido. No se ha acreditado que la urbanización haya supuesto un beneficio económico o poblacional en la zona, ni en Extremadura.
 
El único argumento material de inejecución, por tanto, que el Gobierno de Extremadura plantea con la intención de frenar la sentencia se basa en los supuestos efectos ambientales negativos de la demolición. También plantea la imposibilidad legal de ejecutarla por la reforma que se hizo expresamente de la Ley del Suelo para homologar el complejo, una vez declarado ilegal y sobre la que se ha admitido una cuestión de inconstitucionalidad.
 
Finalmente, el Tribunal decide solicitar una prueba pericial que dirima acerca de este asunto y lo encarga a la Estación Biológica de Doñana (perteneciente al CSIC). Reconocidos y prestigiosos científicos en materia ambiental y de conservación de la naturaleza emiten su informe (enero 2019). También lo defienden recientemente ante la sala del Tribunal, donde despejan las dudas acerca de “la reposición de los terrenos… a la situación anterior a la aprobación del proyecto” como la mejor opción para conservar la integridad y mejorar la calidad del espacio protegido. Evidencian que la evaluación ambiental fue muy deficiente y reconocen como mejor opción ambiental el desmantelamiento de lo construido (a nivel de rasante de todo lo construido) con el fin de beneficiar la restauración ambiental, algo que también resulta clave para la regeneración de los procesos ecológicos y de lo perdido por el uso urbano construido y la ocupación humana de la isla.
 
Por tanto, no caben dudas que, en todo este proceso de ejecución de la sentencia, la propuesta de inejecución planteada solo pretende prolongar aún más tiempo lo inevitable (ya cinco años) y que no es más que la restauración de la legalidad.
 
Para ADENEX y Ecologistas en Acción, a pesar de todo el tiempo transcurrido, aún queda pendiente la responsabilidad política de todas las administraciones y representantes tanto del Gobierno como de la Asamblea de Extremadura. Sin olvidar tampoco la responsabilidad de quienes compraron las casas, firmando la escritura a sabiendas de la ilegalidad del complejo. Por su parte, la empresa promotora, ahora en concurso de acreedores (desde el 2014) y ya jubilado su gerente, en un ejemplo de cinismo intenta culpar a los ecologistas –que solo pretendemos que se cumpla la ley y las sentencias– del despropósito que ha supuesto este proyecto.
 
Por todo lo señalado, desde ADENEX y Ecologistas en Acción queremos enfatizar que seguimos juntos y decididos a exigir que las sentencias se cumplan. En absoluto es nuestro interés dividir ni confrontar con el pueblo extremeño. Por eso nos parecen ruines y despreciables los intentos reiterados y continuos de convertirnos en los culpables de un proceso en el que solo hemos pedido que se proteja el medioambiente, un derecho constitucional de todos y todas, y los espacios protegidos, que se cumpla la ley y que se haga justicia reparando el daño ambiental ocasionado. Y más aún cuando buena parte de estas insidias y falacias provienen de quienes han sido los verdaderos culpables de este desatino.
 
Todo este asunto trasciende las fronteras regionales y debe ser un ejemplo de actitud democrática, de respeto a la legalidad y de verdadero compromiso para compatibilizar la protección de los espacios con el desarrollo social y económico. Tenemos la razón en sendas sentencias, tenemos un informe pericial que avala la ejecución dictada. Solo nos queda esperar que el Tribunal reflexione y decida conforme a derecho sobre la base de lo presentado por todas las partes. Y esperamos que sea lo mejor para el futuro de nuestra querida Extremadura.
 
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