¡¡QUE SE CUMPLAN LAS SENTENCIAS!!

LA JUSTICIA HA CONFIRMADO LA NULIDAD DEL COMPLEJO MARINA VALDECAÑAS

NOSOTROS EXIGIMOS QUE EN UN PAÍS DEMOCRÁTICO SE CUMPLAN LAS SENTENCIAS.

denuncia 1¿Por qué un Gobierno cuando aprueba una norma o un proyecto que es ilegal le echa las culpas al que denuncia tal felonía?. ¿Por qué en una democracia ya asentada como la española puede ocurrir tal despropósito?.

Pues alguna respuesta nos da el caso Marina Valdecañas , que no es solo un escándalo urbanístico al uso, sino un ejemplo de antidemocracia cometido por un gobierno elegido y secundado por una asamblea secuestrada. 

Ese Gobierno es el de Extremadura y el acto se realiza cuando aprueba en abril de 2007 un Proyecto de Interés Regional (PIR) para la construcción de una ciudad de ocio y segunda residencia en la denominada Isla de Valdecañas. Lo aprueba a sabiendas que está incumpliendo la normativa que de espacios protegidos se ha dado la propia comunidad autónoma ( es decir el propio Gobierno y Asamblea regional); lo aprueba como estrategia para poder hacer lo mismo en otros lugares de la región, pues parecía que Extremadura se estaba quedando atrás en la especulación del ladrillo. 

A estas nuevas urbanizaciones se les pretende llamar ”turismo de embalses”, cuando sólo son guetos para gente rica en lugares hasta ahora preservados por sus valores ambientales y privilegiados. Y el primer proyecto estrella, modelo de este nuevo caciquismo, pasa a llamarse “Marina”, como si estuviéramos cerca de un mar inexistente, remedando la destrucción de la costa mediterránea, pero ahora en nuestro singular “ mar de agua dulce”.

Para el poder judicial la “ilegalidad” de su aprobación ha sido evidente , y ordena la reposición del suelo a su estado previo, lo cual supone la demolición de lo hasta ahora construido (un 60% del proyecto)

El daño que se pueda ocasionar con la demolición es responsabilidad del promotor y del Gobierno que lo aprobó, a sabiendas ambos de que se estaban alterando espacios protegidos y por eso las personas que lo aprobaron o consintieron deberán responder de sus actos, como cualquier ciudadano.

Extremadura se merece una política de turismo de naturaleza (no de embalses) real y efectiva, que beneficie a la ciudadanía, que permita el disfrute de lugares privilegiados a todos, de una manera sostenible y propia , adaptada la singularidad de cada lugar.

¿ Por qué la demolición de la Marbella extremeña se tiene que llevar a cabo?.

ADENEX exige el cumplimiento de la sentencia en defensa de la seguridad jurídica que en toda sociedad democrática avanzada debe imperar, porque es la base del desarrollo - máxime si se pretende que éste sea sostenible - pues no podemos permitir que impere la ley de la selva, en la que el más fuerte es el que se aprovecha de unos bienes y recursos que a todos nos cuesta, a través de nuestros impuestos, preservar y proteger y cuando se han dañado, restaurar.

Permitir el estado actual de este proyecto es tirar por tierras siglos de progreso democrático, negar la separación de poderes del estado. ¿Dónde quedaría el poder judicial si sus sentencias no se cumplen? ¿Dónde quedaría el supuesto control del gobierno que nuestra Constitución ha encomendado a los Tribunales? Un país serio no se puede permitir no ejecutar sus propias sentencias, aunque afecte a los poderosos, perdería toda credibilidad.

Y es que no se trata de si ha quedado bonito o feo, o si antes la isla tenía arboles pelados y ahora arboles verdes, pues los valores ambientales van más allá de la estética y, sobre todo, los valores éticos y democráticos, por los que tantas luchas y sangre se ha derramado, están por encima de esas lindezas que no logran ocultar los hechos torticeros en que se fundamenta la sentencia: que este proyecto no obedezca a un interés general, sino al interés del promotor, y que la evaluación ambiental que se hizo es nula pues nunca se presentaron alternativas para poder construirlo en otro lugar, donde la afección fuera menor.

No se trata pues de impedir que un pueblo, en este caso El Gordo y Berrocalejo, puedan tener un desarrollo económico, pues éste y otros proyectos similares se pueden llevar a cabo respetando la ley. Se trata de aprender, con el ejemplo de la demolición, que es posible progresar sin destruir lo que a la naturaleza y a nosotros como sociedad nos ha llevado siglos construir. Ese ejemplo servirá incluso (como ha pasado en otros lugares) de foco de atracción turística, por lo insólito, por lo ejemplarizante y por comportar una esperanza, para todos aquellos que piensan que no se puede cambiar todo aquello que nos ha llevado a la situación actual de ruina social, económica y política.

Y nuestros políticos deberían ser los primeros que se prestaran a cumplir y ejecutar la sentencia, en vez de oponerse a ella, como ejemplo de regeneración democrática pues con ella recuperarían la credibilidad de la que en este momento carecen.

Y como gesto de esta voluntad de regeneración, los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo deberían atender la petición de ADENEX de permitir el acceso público a los camino, calles, jardines y playa de la isla, que son públicos, hasta tanto y cuanto la demolición tenga lugar.

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