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ADENEX solicita a la Junta de Extremadura la protección de las antiguas chimeneas industriales de ladrillo.

 

ADENEX SOLICITA A LA JUNTA DE EXTREMADURA LA PROTECCIÓN DE LAS ANTIGUAS CHIMENEAS INDUSTRIALES DE LADRILLO

La asociación conservacionista ha realizado un inventario que recoge más de 40 chimeneas en 23 localidades extremeñas. Cree conveniente también que los ayuntamientos incluyan estos elementos de arqueología industrial en sus Catálogos Municipales de Bienes Protegidos.

Este pasado verano, en el mes de julio, la asociación ADENEX dirigió un escrito a la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura requiriendo su atención sobre las antiguas chimeneas industriales de ladrillo que aún permanecen en pie en la región y solicitando que les sea otorgada su protección bajo alguna de las dos figuras previstas en la Ley extremeña de Patrimonio Histórico y Cultural del año 1999, ya sea la figura de Bien de Interés Cultural (figura reservada para los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico o Cultural) o la de Bien Inventariado (figura válida para bienes singulares o con valores dignos de ser preservados). A esta solicitud de protección se adjuntaba una relación de más de 40 chimeneas situadas en 23 localidades extremeñas.

Estas antiguas chimeneas industriales de ladrillo son elementos arquitectónicos singulares, irrepetibles, característicos de sus enclaves, como dedos con los que la historia nos señala los lugares donde nuestros antepasados empeñaron sus esfuerzos para dejar una Extremadura mejor.

Estos elementos de arqueología industrial, cada día más reivindicada, actualmente se encuentran en situaciones diversas: unas pertenecen a antiguas instalaciones mineras y se asientan en medio de las dehesas y pastizales, otras se encuentran en zonas urbanas donde evacuaban los humos de servicios e industrias variadas como termoeléctricas, cerámicas, almazaras, harineras, licoreras o jaboneras. En algunos casos se mantiene el conjunto industrial en su integridad permitiendo recuperar su contexto y posibilitar su interpretación, tal como ocurre en los casos de Almendralejo con sus bodegas o de Cáceres con el pozo de La Esmeralda del complejo minero de Aldea Moret. En otros casos encontramos chimeneas totalmente aisladas, descontextualizadas del conjunto industrial al que pertenecieron, último resto y empeñado recuerdo de lo que fueron. Es lo que sucede en Mérida, donde desapareció la fábrica de ladrillos y hoy, la chimenea, incluida en el Catálogo Municipal de Bienes Protegidos, da nombre a la urbanización que se levantó en el lugar.

Extremadura conserva casi medio centenar de estas chimeneas industriales de ladrillo repartidas por toda su geografía, asentadas en más de una veintena de municipios.

En cualquier caso son los elementos que, junto a las torres de las iglesias y los castillos, potencian las siluetas de muchos de nuestros pueblos y ciudades, los skyline tan en boga en la actualidad.

Algunas, pocas, de estas chimeneas están ya protegidas por la figura de Bien de Interés Cultural que establece la Ley de Patrimonio extremeña, como sucede con las restos mineros de Aldea Moret o la Casa de Cultura de Villafranca de los Barros, antigua fábrica harinera. Sin embargo la mayoría no tiene aún ningún tipo de protección.

Por ello ADENEX reitera su demanda a la Junta de Extremadura para que se pongan en marcha los mecanismos administrativos oportunos para la protección de estos elementos de arqueología industrial así como, en los casos en que sea oportuno, de las instalaciones industriales de las que formaban parte y que aún se mantienen en pie.

Protección municipal ADENEX también desea dirigirse a los Ayuntamientos que acogen estas chimeneas en sus términos para que contribuyan a ponerlas en valor y acuerden incluirlas en sus Catálogos Municipales de Bienes Protegidos. En el pasado fueron los grandes beneficiados de su actividad y, ahora, deben ser los grandes interesados en mantener su memoria a través de las nuevas generaciones.

En este sentido es necesario destacar que en algunas localidades los colectivos locales han trabajado por su conservación y protección, como es el caso de la Asociación de Amigos de las Chimeneas de Almendralejo, localidad en la que se conserva el mayor número de chimeneas de Extremadura, relacionadas con su importante industria vinícola. Esta asociación ha trabajado con el ayuntamiento de la localidad para dar a conocer y proteger estas chimeneas, incluyéndolas próximamente en el Catálogo de Bienes Protegidos del Ayuntamiento.

En otras localidades como Plasencia, Mérida o Villafranca las antiguas chimeneas industriales están ya incluidas en su correspondiente Catálogo. Sin embargo, como se ha dicho ya, la mayoría aún no tienen ningún tipo de protección, ni regional ni municipal. Por ello corresponde a la sociedad civil extremeña, pero muy especialmente a las autoridades regionales y locales trabajar para conservar estos importantes elementos de arqueología industrial de nuestra región.

APORTACIONES A LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE CAZA EN ELABORACIÓN POR LA JUNTA DE EXTREMADURA

LA COORDINADORA DE ONGs AMBIENTALES DE EXTREMADURA PIDEN QUE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE CAZA EN ELABORACIÓN POR LA JUNTA DE EXTREMADURA AYUDE A SOLUCIONAR LOS GRAVES PROBLEMAS DE ESTA ACTIVIDAD

EL 30 de octubre de 2020 se ha realizado una reunión virtual del grupo de trabajo para la reforma del reglamento de caza, las asociaciones relacionadas con la defensa de la naturaleza activas en Extremadura ADENEX, AMUS, ANSER, DEMA, GRUS, Ecologistas en Acción de Extremadura, Ecologistas Extremadura, SEO/BirdLife y Sociedad Extremeña de Zoología han asistido a través de su representante en la misma.

La reforma del Reglamento de Caza confía en que no se base en complacer las demandas de la Federación Extremeña de Caza para permitir una mayor presión cinegética sobre el jabalí y depredadores como el zorro. El sector cinegético pretende hacer creer que más piezas abatidas por los cazadores serán la solución a la creciente proliferación de jabalíes y zorros que afirman sufre la región. Sin embargo, recientemente se han publicado datos que demuestran lo contrario: nunca antes se han cazado tantos jabalíes como ahora, ni tantos zorros y, sin embargo, siguen proliferando.
Las asociaciones de defensa de la naturaleza creen que los problemas están en la gestión cinegética y que una reforma del Reglamento de Caza valiente y en profundidad, podría sentar las bases para un cambio duradero.

Sin embargo, parte del sector cinegético no parece estar por la labor por lo que cobra suma importancia que la Junta que tenga criterio técnico independiente de los intereses cinegéticos que se precisa. La evolución de los números de la caza contradice claramente las afirmaciones del sector de que la solución a la sobrepoblación de jabalíes es cazar más ejemplares. Ya se cazan mucho cada año y no paran de subir. La explicación está en que, desde hace también décadas, cada vez más cotos de caza mayor aportan alimentación suplementaria a ciervos y jabalíes, especialmente en los veranos más duros y antes de cada temporada de caza, para lograr trofeos más valiosos. Esta interferencia humana en los límites naturales a las poblaciones de ciervos y jabalíes explica muy bien esa sobrepoblación persistente, además de otros aspectos como el acceso que también tienen al alimento del ganado en muchas fincas.

En este sentido, los representantes de las asociaciones de defensa de la naturaleza han solicitado que el Reglamento de Caza no permita la alimentación suplementaria de las especies cinegéticas, para no empeorar el problema de su sobrepoblación y que establezca controles y sanciones para evitar el acceso de las especies cinegéticas al alimento del ganado.

Además, la modalidad de caza de jabalí al salto, que la Federación de Caza pide incluir en esta reforma del Reglamento como una modalidad permitida en todos los terrenos de caza menor, es un peligro para la seguridad de las personas, especialmente de los propios cazadores, pero también de las que puedan estar en las inmediaciones de los cotos de caza menor, disfrutando también de la naturaleza. Permitir que cuadrillas de caza menor recorran estos terrenos armados con balas y rifles, para disparar al salto a los jabalíes, es una temeridad, afirman. Y extender estas modalidades más allá de los periodos usuales de caza, para combatir esas sobrepoblaciones, un riesgo para todos, además innecesario.

Desde los colectivos ambientalistas manifiestan su preocupación por los graves accidentes de caza que se vienen sucediendo y provocaron la muerte de 51 personas en España desde enero al 6 de Septiembre de 2020, por eso creen que para definir esta nueva modalidad de caza debe primar la seguridad de las personas y se deben vigilar más las acciones de caza para prevenir accidentes.
Desde estas organizaciones agradecen el anuncio de responsables de la Consejería de que se va a estudiar su petición para regular mejor los derechos de aquellas personas que no quieren que sus terrenos estén en cotos de caza y se ponga orden en la inclusión de fincas de propietarios en cotos sin su permiso.

Las ONGs consideran necesario un cambio sustancial en la forma de gestionar la caza que evite problemas de bajadas de las poblacionales de las especies cinegéticas hasta niveles que la hagan inviable como ocurre con buena parte de las especies de caza menor, malestar social, daño a especies protegidas y especialmente accidentes con peligro para la integridad física de las personas y por ello han presentado un escrito con varias peticiones para reformas del reglamento de caza.

Han pedido que el arruí, una especie exótica de carácter invasor, deje de ser cinegética en Extremadura y dejen de homologarse sus trofeos. Afirman que esa situación no favorece el interés general en lograr su erradicación, fomentando que siga siendo gestionada y cazada como cualquier otra especie cinegética.

Que se limite el número de rehalas a 1 cada 50 hectáreas (en vez de por las 25 hectáreas propuestas en la reforma del reglamento) que permitiría usar 10 rehalas en cada 500 hectáreas o sea entre 150 y 200 perros que ya les parece una cantidad muy grande de perros.

Piden que se prime el rececho frente a la montería, la montería al conllevar suelta de perros puede afectar de forma negativa a especies protegidas o no cinegéticas que sean atacadas por los canes, piden que los recechos se autoricen dentro de la temporada de caza después del celo del ciervo, la berrea, para permitir que los mejores machos se puedan reproducir.
No estań de acuerdo con que se pueda matar al zorro en las monterías y batidas por el riesgo de confusión con especies protegidas como el lince ibérico.

Piden que en la reforma del reglamento se incluya, “no se podrán solicitar esperas por daños en aquellos cotos que suministren alimentación suplementaria”.

Respecto a los organizadores profesionales de acciones colectivas que se quiere implantar, piden que se elimine la excepcionalidad para algunos cotos privados y para cotos sociales que se propone ya que el peligro es el mismo y por tanto la necesidad de formación y profesionalización.

Se regulen reglamentariamente los días de fortuna cuando por circunstancias climatológicas excepcionales los animales tienen especial indefensión como con graves sequías que se viene sucediendo en la media veda de los dos últimos años, o en las zonas incendiadas donde piden se prohíba el ejercicio dentro de ellas o en dirección a las mismas durante 2 años después de un incendio.
Respecto a las acciones cinegéticas fuera de temporada piden limitaciones reglamentarias concretas a las mismas ya que son generalizadas y son empleadas por algunas personas para cazar de forma furtiva y no permiten la tranquilidad necesaria para la reproducción de los animales silvestres, en este sentido piden se recoja en el reglamento y se contemple un acompañamiento o seguimiento mayor por parte de agentes de medio natural.

PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE EN EL CONSEJO EXTREMEÑO DE CAZA

 

En la reunión del Consejo extremeño de caza del 17 de septiembre de 2020 estas organizaciones han solicitado la suspensión de la media veda para las próximas dos temporadas, que se acabe con la práctica extendida de incluir fincas en los cotos sin autorización y/o conocimiento de sus propietarios. También han pedido que se permita acceder a ciudadanos y asociaciones interesadas a las ayudas que se dan para la recuperación de tórtola, codorniz, perdiz y conejo, en la actualidad se quejan de que sólo pueden solicitarlo los cotos y los resultados no son nada positivos.


También tras los graves incendios de este verano han pedido que no se cace en las zonas incendiadas.

Las nueve asociaciones ecologistas más importantes de Extremadura, ADENEX, AMUS, ANSER, DEMA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN EXTREMADURA, ECOLOGISTAS EXTREMADURA, GRUS, SEO/BIRDLIFE Y SOCIEDAD EXTREMEÑA DE ZOOLOGÍA, representadas en el Consejo Extremeño de Caza, participaron con un representante, el pasado jueves en la reunión de dicho órgano llevada a cabo en Badajoz, junto a otros veintitrés representantes de entidades públicas y privadas de la región; en ella presentaron las propuestas consensuadas entre todas, que fueron previamente enviadas para ser incluidas en el orden del día. Aunque dichas propuestas se incluyeron para ser tratadas sólo como ruegos y preguntas, lo cierto es que pudieron debatirse, aunque en un ambiente no todo lo productivo que sería deseable, opinan.

Se habló de la situación de al menos dos especies cuyo estatus poblacional es muy preocupante; la codorniz (con una reducción poblacional según estudios científicos rigurosos de un 61%) y la tórtola europea, que países tan importantes como Francia han prohibido su caza. El representante de los ecologistas, pidió en base a un dictamen del comité científico del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), que propuso catalogarla como especie “Vulnerable”, que se prohíba su caza y haya una moratoria de al menos dos años para la media veda que fué creada para poder cazar estas dos especies migratorias.

El sector cinegético y la Junta pretenden cumplir con la obligación europea de conservar la tórtola bajando unos pocos días hábiles de caza y el cupo de aves abatidas (de 7 a 5 por cazador y día) en vez de atender a las demandas de las ONGs sobre moratoria temporal de varios años, como se acaba de aprobar en Francia.

Se planteó igualmente que la gestión de estas especies, como amenazadas, y como integrantes de la naturaleza que son, deben depender del Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Junta, y no de los relacionados con la caza, que no tiene competencias en conservación. Las ONGs ambientales creen además que sus asociaciones y ciudadanos particulares deberían poder participar en proyectos de conservación de las especies de caza menor en regresión que sufren la presión de la caza, en la misma medida que las entidades cinegéticas, cuyo interés no es el de la conservación del medioambiente de una forma correcta, sino fundamentalmente incrementar las poblaciones para ser cazadas, aunque con resultados muy malos sobre todo en especies de caza menor, cuyas poblaciones no dejan de descender. El argumento de las asociaciones conservacionistas es que donde mejor se pueden recuperar estas especies (lo cual es fácilmente comprobable en muchos territorios sin actividad cinegética) es en zonas donde no se caza y que además son la base de la alimentación de varias especies en peligro de extinción.

En este sentido también se preguntó, si la Junta dispone de censos de las especies catalogadas como “cinegéticas”, o de algún tipo de índices de abundancia, para tomar decisiones para cupos o moratorias de caza de especies en las que se detecten descensos poblacionales preocupantes. Los únicos, según los responsables de la Junta de Extremadura presentes, los datos de piezas abatidas presentados por la Federación de Caza, cotos, etc. A ese respecto, las asociaciones ecologistas plantearon que esos no son datos fiables, ya que son presentados por una parte interesada por lo cual carecen del rigor científico necesario. Los censos o análisis de la situación poblacional de las especies afectadas creen que deberían ser realizados por organismos públicos o por profesionales o empresas especializadas e independientes.

Otra cuestión polémica fué la petición de las ONGs respecto a que se impida que fincas privadas estén incluidas en cotos de las sociedades locales de cazadores sin permiso de sus propietarios. Aunque los representantes públicos argumentaron que se informa a los propietarios de dicha inclusión, al menos en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, lo que las organizaciones ecologistas ponen en duda y en todo caso les parece insuficiente, les parece el colmo que además la administración cobre una tasa a los propietarios que desean que no se cace en su finca privada de un coto y permaneciendo además dentro del coto. En opinión de los ecologistas, en todo caso debería ser, al contrario, deberían pagar los cazadores para incluir -solo con la autorización por escrito de los propietarios- una propiedad privada en un coto “social” (porque solo es social para su sociedad de cazadores, no para la sociedad de toda la ciudadanía, la cual mayoritariamente no participa de la caza).

Finalmente, los ecologistas solicitaron que los terrenos afectados por incendios forestales sean declaradas zonas con prohibición temporal para cazar, para evitar con ello las quemas intencionadas con la intención de facilitar la actividad cinegética. En este sentido la oposición del sector de la caza fue de nuevo intenso, aunque los responsables administrativos reconocieron que en otras autonomías se ha legislado en el sentido planteado por el representante de las ONGs ambientales. Señalaron también los ecologistas, que quizás por las necesidades de la vigilancia contra incendios, o por causas que se les escapan, lo cierto es que han detectado una muy escasa vigilancia de agentes del medio natural en la media veda, para la cual han pedido una mayor intensidad en este sentido si perseveran en seguir cazando en este periodo, aunque confían que el ejecutivo recapacite y se suspenda la media veda al menos dos años.


Las asociaciones conservacionistas expresaron su malestar ante la nula atención a sus peticiones en pasadas reuniones del Consejo Extremeño de Caza y espera se atiendan mejor las planteadas en esta ocasión, consideran que su representación es demasiado escasa de 24 participantes solo uno lo es de las ONGs ambientales, pese a la importante repercusión de la actividad cinegética en el medio ambiente.

 

Comunicado de ADENEX sobre el proyecto Isla Valdecañas

 

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX, rechaza la política de hechos consumados y mantiene su oposición al auto de ejecución pero decide no recurrir individualmente ante el Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, TSJEx, que rechazaba el recurso presentado por la organización contra la decisión de demoler parcialmente Isla de Valdecañas.

Tras trece años de lucha en los tribunales, la organización no presentará un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, con esta decisión concluye su participación en el plano judicial pero asegura que permanecerá su compromiso con Ecologistas en Acción, a los cuales seguirá apoyando de manera directa y colaborativa. Cabe recordar que el TSJEx decidió, el pasado mes de junio, la demolición de los edificios que estaban parcialmente construidos en este complejo turístico y mantener los ya finalizados. ADENEX presentó entonces un recurso contra esta decisión del TSJEx, que fue rechazado por el alto tribunal extremeño el pasado mes de septiembre. Esta decisión no es firme y cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, la organización ha considerado que un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo alargaría aún más un proceso que ha tenido un alto coste emocional y económico para la organización, que ha durado trece años ya y del que no hay fecha para su fin. No es fácil defender el medio ambiente cuando la justicia tarda más de una década en resolver un asunto como el de Valdecañas. A pesar de que los tribunales han dado la razón a ADENEX en varias ocasiones, la verdadera satisfacción para la organización llegará cuando la justicia tenga mecanismos lo suficientemente rápidos y eficaces para que este tipo de proyectos se puedan paralizar de manera cautelar antes de que los daños y perjuicios, tanto ambientales como económicos y sociales, sean demasiado elevados.

ADENEX, a pesar de sus más de cuarenta años en defensa de los recursos naturales y el patrimonio cultural extremeño, es una organización de ámbito regional, pero aun así ha encabezado desde el principio esta lucha titánica contra intereses mucho más grandes a nivel nacional e internacional, desde el trabajo individual y colectivo, la humildad y el convencimiento en la justicia. Una lucha que continuarán jurídicamente otros colectivos y que ADENEX apoya, así como desea que alcance su objetivo. Las administraciones no pueden burlar la ley para construir en espacios que deben proteger, como son los incluidos en la Red Natura 2000.

ADENEX continúa su trabajo en defensa de los recursos naturales y el patrimonio cultural extremeño, que en definitiva es una lucha por el futuro social, económico y natural de Extremadura, con su labor en educación ambiental, puesta en valor de espacios naturales y la denuncia de cualquier acción que vaya en contra del medio ambiente y la cultura de nuestra región.

ADENEX recurrirá el auto de Valdecañas y reivindica un papel activo en su restauración ambiental

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX, se ha reunido con el presidente de la Junta de Extremadura, quien había solicitado un encuentro con la organización tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, TSJEx, sobre Valdecañas, conocido la semana pasada. La reunión ha tenido lugar el miércoles 8 de julio en la sede de Presidencia. ADENEX ha trasladado a Guillermo Fernández Vara su intención de recurrir el auto del TSJEx. Además, la organización quiere participar activamente en la recuperación del espacio natural de Valdecañas, más allá de tener un mero papel de observador como establece el tribunal. En este punto, coincide con la propuesta del presidente de la Junta de una participación más activa de las organizaciones ecologistas implicadas en este asunto.

Guillermo Fernández Vara se ha comprometido a enviar a ADENEX en las próximas semanas un documento con la propuesta de recuperación de Valdecañas, en los términos que establece el auto, para que la organización haga sus aportaciones. ADENEX quiere mejorar las indicaciones del TSJEx de recuperación de este espacio natural, que considera insuficientes en algunos aspectos, como en lo relativo al campo de golf, una de las instalaciones construidas más contaminantes, así como en el cumplimiento de los términos que en su día estableció la declaración de impacto ambiental del complejo de Valdecañas y que, a juico de ADENEX, no se están llevando a cabo. El presidente de la Junta ha transmitido a la organización que, en principio, la Junta no pone límites a estas mejoras, siempre que sean asumibles económicamente por la administración.

En cualquier caso, la solución que finalmente se adopte, más allá de lo establecido por el TSJEx en su auto de ejecución, no solo ha de servir de ejemplo para que no se repita una actuación como esta, sino que además de restaurarse y prevenirse el daño del mantenimiento del complejo, se deben compensar, por mandato legal, los daños causados por su construcción y la expulsión “de facto” de la isla de Valdecañas de la Red Natura 2000.

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