Extremadura, en esta desescalada, tiene por delante la emergencia sanitaria, pero una vez en ello no puede dar la espalda al cambio climático tan íntimamente relacionados, también en lo económico. Y lo puede hacer como oportunidad de transición energética local y territorial.

Desde ADENEX proponen como oportunidad de empleo y de iniciativas innovadoras tanto en las instalaciones solares como en proyectos de ahorro y eficiencia energética, desde las edificaciones bioclimáticas a un urbanismo no despilfarrador.

Hasta ahora el territorio se está ocupando mayoritariamente con energía fotovoltaica dando prioridad a empresas del monopolio eléctrico, así como con plantas de solar térmica que hoy están en manos de fondos buitre en paraísos fiscales europeos. Pero si queremos un desarrollo endógeno que permita que jóvenes formados puedan quedarse en la región, que pymes se especialicen en sectores relacionados con la transición energética y que haya una fiscalidad que se quede en la región acorde con lo invertido, debemos cambiar el rumbo.

Y resulta que el marco europeo nos lo permite, a través de la directiva relativa al mercado interior de la electricidad, que la legislación española debe trasponer. En ella se recogen dos modelos que para Extremadura según su reparto poblacional supondría un enorme potencial (el noventa por ciento de los municipios tiene una población inferior a cinco mil habitantes y con 15 ciudades de tamaño medio).

Por una parte se define la Comunidad Local de Energia (CLE) como “una asociación, cooperativa, sociedad, organización sin afán de lucro u otra entidad jurídica que esté controlada por accionistas o miembros locales, generalmente orientada al valor más que a la rentabilidad, dedicada a la generación distribuida y a la realización de actividades de un gestor de red de distribución, suministrador o agregador a nivel local…”. Es decir, que a cada ciudadano se le permita participar directamente tanto en la producción, como en el consumo y en el reparto de la energía.

Por otra parte se define, como : “una entidad jurídica de participación voluntaria y abierta que esté efectivamente controlada por los accionistas o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, que su objetivo principal sea ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o en la localidad en la que se desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera”. Una comunidad puede participar por tanto en la generación de energía procedente de fuentes renovables, pero también de la distribución, la agregación y el almacenamiento de la energía.